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Ernesto Miranda desentraña en esta segunda entrega el suicidio simbólico de Aaron Swartz y aventura los nuevos marcos de referencia a partir de los cuales definir al intelectual contemporáneo.

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**Puedes leer la primera parte aquí**

 

Esta consciencia crítica [acerca de su trabajo] le permite a Swartz reconocer la frivolidad, la ingravidez encarnada en la tecnodevoción, en esta suerte de neopositivismo[1] en el que nos hallamos inmersos: “The conversations are boring and obsessed with technical trivia, or worse, business antics. I don’t see people reading books—even at the library, all the people are in line for the computer terminals or the DVD rack—and people at parties seem uninterested in intellectual conversation.” ["Las conversaciones son aburridas y están obsesionadas con las trivias técnicas o, peor, con los trucos de negocios. No veo gente leyendo libros —incluso en la biblioteca, las personas hacen fila para acceder a las terminales de computadoras y los estantes de DVDs —y la gente en las fiestas parece no estar interesada en conversaciones intelectuales". (Peters, 2013)

Es justamente esta consciencia o la claridad de esta dicotomía, la que lo hace ser un intelectual público, hijo de su tiempo: él representa el punto medio, la bisagra. Swartz podría ser visto como un verdadero humanista digital, no en el sentido de la disciplina tan en boga en las universidades norteamericanas y europeas[2]. En muchos casos, aquellos que se llaman humanistas digitales actúan de manera tan localista, endogámica y limitada como aquellos de Silicon Valley que sólo pueden hablar de the next killer app detrás de sus machiatos soya, firmando contratos millonarios en servilletas.

Creo que Swartz puede ser entendido como un nuevo intelectual con dos literacies: por un lado, la formación crítica que le dio la sociología, y por otro la parte pragmática (hands on), procesual, experimental que le dan las ciencias computacionales. He ahí un humanista digital hijo del siglo: un híbrido, síntesis necesaria en tiempos donde la abstracción y anacronismo de la academia resultan, muchas veces, inoportunas e inoperantes y donde la tecnocracia empujada por la sed de dinero y el éxito reclaman un contrapeso moral.

Es curioso notar que si bien Swartz marca su distancia con sus contemporáneos de Silicon Valley, él nace de esa cultura. El ser parte de ese sistema le permite encontrar (literal y metafóricamente) los huecos, pero también es posible que la conciencia demasiado crítica de esta complejidad lo haya orillado al suicidio.

La comunidad cultural poco se preocupó por reseñar la muerte o la obra de Swartz. Parecería relevante y necesario que la ‘intelectualidad’ se preocupara de su muerte, no sólo por ser una figura en sí de la cultura global contemporánea, o por las razones hasta ahora destacadas, sino también porque al revisar su manifiesto la defensa de la Cultura (sí, con mayúscula) es notoria: “The world's entire scientific and cultural heritage, published over centuries in books and journals, is increasingly being digitized and locked up by a handful of private corporations...It's time to come into the light and, in the grand tradition of civil disobedience, declare our opposition to this private theft of public culture.” [Toda la herencia mundial científica y cultural, publicada durante siglos en libros y revistas, está siendo cada vez más digitalizada y encerrada por un puñado de corporaciones privadas... Es momento de salir a la luz y, en la grandiosa tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública". (Swartz, 2008).

Vale la pena recordar que la demanda de JSTOR sobre Swartz (que después fuera retirada, pero el proceso siguió por parte del gobierno norteamericano) fue por ordeñar su base de datos de artículos académicos que, según él consideraba, deberían ser de acceso gratuito. Sin entrar en las implicaciones legales que en muchos casos resultan absurdas, es importante notar que gran parte del conocimiento que JSTOR administra de manera privada fue generado en instituciones públicas financiadas por los estados.[3]

Pensar en contenido que cuesta miles de dólares al año resulta, de menos, chocante para la generación que creció usando protocolos  P2P para acceder a contenido audiovisual ilimitado. Vale la pena matizar que la lucha de Swartz por liberar el contenido académico no es la misma que la de Pirate Bay por hacer público música y películas. En el primer caso, como ya se dijo, hablamos de conocimiento en gran medida generado por instituciones públicas, por lo que en estricto sentido debería de pertenecer a los ciudadanos; en el segundo el contenido audiovisual es generado por industrias privadas.

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La agenda de Swartz por liberar el conocimiento alojado en grandes repositorios privados resulta tan poética y necesaria como aquella de encadenarse a bibliotecas para evitar su demolición, o ya en plan proteico, a bajarle el fuego a los dioses. Fuego como conocimiento. Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. [La información es poder. Pero, como todo poder, existen aquellos que quieren guardárselo para ellos mismos] (Swartz, 2008)

El suicidio de Swartz es simbólico, además de por lo obvio, porque me parece remoto que la academia desfasada y endogámica de hoy día, o los neotecnócrtas disfrazados de entrepreneur, entiendan la relevancia de las luchas de nuestros tiempos o que puedan fijarse objetivos más amplios que mantener su plaza o generar un millón más. El suicidio de Swartz es un símbolo como acto último de protesta. Quizá un acto de desesperación, un guiño de lucidez y decepción.

Es un símbolo también porque desde mi punto de vista, marca una nueva forma de cómo y qué es un intelectual en siglo XXI. Quizá la extensión de estas líneas sea insuficiente para contestar las preguntas formuladas al inicio, pero al menos esbozan qué podemos esperar de un intelectual en nuestros días. Cuáles pueden ser los nuevos valores, y en especial cuáles pueden ser las nuevas herramientas para incidir con compromiso sobre la realidad.

Quiero recordar de nuevo a José Emilio Pacheco en su poema “Transparencia de los enigmas” de 1966 que con la lucidez y la permanencia de la poesía como acto combativo, ayuda a concluir con precisión lo dicho hasta ahora: Seres entre dos aguas, marginales de ayer y mañana, nos hundiremos con la causa perdida o pagaremos con fuego el precio de la tibieza. (Pacheco, 2004)

 

Ernesto Miranda Trigueros




[1] La ciencia una vez más nos lleva al progreso, sólo que esta vez, el destino es el presente, no el futuro (Rushkoff, 2013)

[2] Humanista digital, en estricto sentido, es aquel académico o estudioso que aplique herramientas digitales a su investigación humanísitca, para ampliar la profundidad de su estudio o la difusión del mismo.

[3] La industria de las publicaciones académicas representa un círculo millonario para las instituciones que publican los journals, en contraparte de aquellas bibliotecas que tienen que pagar las suscripciones.

 

La existencia de medios públicos sólidos y accesibles es un contrapeso en la "producción de cultura" ante los medios privados y sus agendas comerciales.

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Difícil imaginar una sociedad sana que culturalmente dependa, en buena medida, de los intereses privados. Los medios son innegables fuentes de cultura, incluso de educación, y en este sentido a partir de ellos se construye una buena porción de la realidad compartida al interior de una sociedad. Y si dejamos esa facultad en manos de grupos empresariales que, aunque éticamente deberían de comprometerse con su papel de generadores culturales, en realidad velan siempre por sus intereses económicos y sus propias agendas –lo cual no implica un crimen pero sí una actitud por lo menos mezquina–, entonces la población estará relativamente a merced de estos grupos. 

Recientemente el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), asociación civil establecida en México y fundada en 1989, emitió un manifiesto en el cual solicita a los diversos poderes las condiciones necesarias, complementarias a la reforma en materia de telecomunicaciones que se está terminando de detallar, para que este país cuente con medios públicos sólidos y accesibles, que puedan participar en la transmisión de contenidos autónomos de los intereses comerciales que dominan los medios privados.

El documento está suscrito por algunos de los especialistas más respetados en este campo, además de artistas, intelectuales, académicos, y a continuación presentamos una versión íntegra del mismo.

* Te invitamos a que compartas esta nota en redes sociales, idealmente mencionando a los destinatarios (Presidente, miembros del Congreso, etc) 

 Medios públicos, esenciales en una sociedad democrática

   La consolidación de la democracia requiere de medios de comunicación abiertos a la pluralidad, capaces de fortalecer en vez de erosionar el debate público. Los medios de comunicación comerciales tienen responsabilidades en esa tarea pero no son suficientes. En las democracias contemporáneas el papel de los medios de carácter público es de irreemplazable relevancia. Los medios de radiodifusión públicos, cuando están a salvo de presiones e intereses mercantiles, pueden y deben contribuir a ensanchar los espacios para la deliberación, así como para la difusión de muy variadas expresiones culturales y artísticas.

   Las primeras medidas a partir de la reforma constitucional para las telecomunicaciones y la radiodifusión tienden a propiciar más opciones y competencia en televisión y telefonía. Se trata de  disposiciones plausibles que reivindican las responsabilidades del Estado para regular y ampliar opciones en esas áreas de la comunicación. Saludamos esas medidas que muchos creían imposibles en vista del poder concentrado de los usufructuarios de los medios de comunicación.

   La importancia de esas decisiones ha propiciado, sin embargo, que se desatienda la creación del organismo nacional de radiodifusión pública previsto desde junio pasado en el Artículo 6º constitucional y que constituye uno de los pilares de esa reforma. Además de dos nuevas cadenas de televisión comercial, el panorama audiovisual mexicano deberá enriquecerse con un sistema de televisión pública de alcance nacional. Hasta ahora las únicas televisoras que hemos tenido con cobertura en todo el país han sido cadenas comerciales.

   La televisión pública es fundamental en la democracia contemporánea. Tal y como muestra nuestra propia experiencia, el Canal 11, el Canal 22, TV UNAM y otras frecuencias, han jugado un papel insustituible en la formación de nuestra cultura moderna, no solo porque se han encargado de la difusión de las formas más importantes de las artes y la cultura universal sino también porque han sido ejemplo de información equilibrada, de socialización del pensamiento y la información científica y en general, con los contenidos de calidad, absolutamente indispensables como alternativa de la sociedad del espectáculo.

Al estar respaldada en recursos fiscales, sin quedar supeditada a prioridades comerciales, queda en condiciones para producir y difundir contenidos de calidad. Nutrida por criterios como la diversidad cultural, el profesionalismo informativo, la difusión de la ciencia, su estricta laicidad, el respeto a las audiencias, la equidad de género y la innovación y la experimentación, la televisión pública de calidades un derecho de los ciudadanos. Puede considerarse que, en buena medida, de la calidad de los medios depende la calidad de nuestra convivencia, de nuestra germinal democracia.

   La televisión pública capaz de pretender y mantener esa calidad no debe ser confundida con la televisión de gobierno. La reforma constitucional reconoce esa distinción al establecer la creación de un organismo nacional de radiodifusión pública con autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión.

   Como expresión de esa autonomía, el presidente del organismo nacional de radiodifusión pública será designado por el Senado de la República con la votación de dos tercios de los legisladores y a propuesta del Presidente de la República. El Senado, con una mayoría también de dos tercios, debe designar a los nueve integrantes del Consejo Ciudadano del Organismo. Por otra parte la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya discusión ha sido innecesariamente postergada por el Congreso, deberá reglamentar el funcionamiento y las garantías constitucionales del mencionado Organismo.

   La creación de un sólido, autónomo y respetable sistema de medios públicos es indispensable no sólo como contrapeso a los medios de carácter mercantil sino, también, para proveer a la sociedad de los contenidos que no interesan a los medios de comunicación comerciales. Entre otras tareas, el organismo de radiodifusión pública deberá asignar espacios a las producciones de grupos independientes. México y su diversidad requieren de conductos para expresarse y reconocerse; por desgracia eso no sucede con la oferta de los medios privados.

   Por otra parte la reforma constitucional establece reglas para una refundación, en beneficio de las audiencias, de los medios de carácter público. Todos ellos tendrán independencia editorial, autonomía financiera, diversidad de financiamiento, participación ciudadana, obligaciones de transparencia y defensoría de contenidos entre otras garantías. De cumplirse tales principios, habrá terminado el control de gobernadores y funcionarios que lucran políticamente con los medios financiados con recursos públicos. En todas las instituciones en donde hay medios públicos tendrán que establecerse reglas para cumplir con las nuevas disposiciones constitucionales. Antes que nada, la Ley reglamentaria de la reforma debe señalar procedimientos para poner en práctica esos cambios. Los medios públicos deben tener pleno acceso a las tecnologías de comunicación y garantizar con la convergencia digital espacios y mecanismos de interlocución con la sociedad.

   Convencidos del carácter esencial de la radiodifusión pública en el nuevo esquema de comunicación que se establece en nuestro país, requerimos:

   1. Al Congreso de la Unión, el establecimiento de garantías claras, congruentes con la reforma constitucional, en la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión cuya expedición consideramos urgente. Esa Ley debe incluir disposiciones para el funcionamiento del Organismo Nacional de Radiodifusión Pública y, por otra parte, mecanismos y plazos para la autonomía y diversidad de fuentes de financiamiento así como para la designación de autoridades, consejos consultivos y defensores de audiencias, entre otros rubros, de los medios financiados con recursos públicos.

   2. Al Presidente de la República, que comience de inmediato el proceso de selección para proponer al Senado a los candidatos a presidir el Organismo Nacional de Radiodifusión Pública. La reforma constitucional no precisa un mecanismo de selección pero si los consejeros del Organismo serán designados a partir de una consulta pública, con más razón su presidente debiera ser seleccionado en un proceso en donde prevalezcan méritos y capacidades profesionales en el terreno de la radiodifusión.

   3. Al Senado de la República, el examen abierto y escrupuloso de las propuestas del Ejecutivo Federal para garantizar que el organismo nacional de radiodifusión pública sea conducido con experiencia y capacidad profesional ampliamente probadas.

   4. Al Senado, la apertura del proceso de consultas para seleccionar a los integrantes del Consejo Ciudadano del organismo de radiodifusión pública.

   5. Al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, la provisión de recursos financieros y de la infraestructura suficiente para que en breve plazo funcionen al menos una cadena nacional de televisión y una cadena nacional de radio, ambas con carácter público y manejadas por el mencionado Organismo. Sería absolutamente inaceptable la creación de un Organismo desprovisto de recursos para cumplir con las responsabilidades que le asigna la Constitución. En el mismo sentido, el incremento inmediato de recursos para la expansión y actualización de los canales públicos de televisión (11, 22, TV UNAM) y de las señales de radio públicas, es el soporte material y la señal que necesita la columna pública del nuevo modelo de la telecomunicación nacional.

   6. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la asignación de frecuencias suficientes para la cobertura nacional de las cadenas públicas de radio y televisión.

   A nuestro país no solamente le hace falta que exista competencia en el campo de los medios de comunicación. Además necesitamos medios capaces de enriquecer nuestra convivencia pluralista y democrática. Esa es función de los medios públicos. De esas dimensiones es la importancia para que cuanto antes, con todo el respaldo estatal que requieren y con toda la exigencia social que ameritan, contemos con medios nacionales de carácter público.

 

México, D.F. a 18 de marzo de 2014

Suscriben este documento

Por el IETD:

Raúl Trejo Delarbre, José Woldenberg, Rolando Cordera, Ricardo Becerra, Ciro Murayama, Enrique Provencio, Marta Lamas, Pedro Salazar, Natalia Saltalamachia, Carlos Flores, Paulina Gutiérrez, Rosa Elena Montes de Oca, Luis Emilio Giménez Cacho, Hortensia Santiago, Pavel Gil, Antonio Ávila, Leonardo Valdés, Edmundo Jacobo Molina, Jacqueline Peschard, Julia Carabias, Patricia Ortega, Sofía Vásquez, Rollin Kent, Elsa Cadena, Federico Novelo, Adrián Acosta, Blanca Acedo, María Cruz Mora, Gustavo Gordillo, César Hernández, Jorge Romero, Germán González-Dávila, Agustín Castilla, Rosaura Cadena, Paloma Mora, Salvador De Lara, Jaime Trejo, Manuel Vargas Mena, Jesús Galindo, Anamari Gomís, Esperanza Carrasco, Gabriela Becerra, Fernando Arruti, Alejandra Betanzo, Alfredo Popoca, Lucía Guijarro, Pamela Rodríguez, Guillermo Ejea, Antonio Franco, Adrián Pérez, Christian García, Olga Salazar, Enrique Contreras, Liliana González, Carolina Farías, Ernesto Olvera, Luis Salgado,  Xunahxi Viniza, Paul González, Patricia Pensado, Adolfo Montiel, Adolfo Sánchez Rebolledo, Carlos Sánchez.

  

Por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas:

Blanca Guerra, Everardo González, Felipe Cazals, Carlos Carrera, Eugenio Polgovsky, Armando Casas, Isabel Muñoz Cota, Rodrigo Plá, Francisco Vargas, Víctor Ugalde, Guadalupe Ferrer, Inna Payán, Diana Bracho, María Rojo, Emilio Echevarría, Mariana Rodríguez, Salvador Parra, Samuel Larson, Antonio Muñohierro, Arcelia Ramírez, Mónica Carrasco, Arturo de la Rosa, Gloria Carrasco, Guillermo Granillo, José Sefami, Juan José Saravia, Martín Boege, Miguel Ángel Hernández Montero, Nerio Barberis, Oscar Figueroa, Mariestela Fernández, Daniel Hidalgo.

 

 

Por el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México:

Inti Cordera, Pau Montagud, Alejandro Albert, Rodolfo Castillo, Alejandro Morales, Verónica Valdés, Lucia Miranda.

 

Por los periodistas y comunicólogos:

Leonardo Curzio, Aleida Calleja, Marco Levario Turcott, Luis González de Alba, Jorge Medina Viedas, Francisco Báez Rodríguez, Virgilio Caballero, Jorge Meléndez Preciado, Carlos Ortiz Tejeda. 

Por la Academia:

Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, José Ignacio Rodríguez Reyna, María Elena Meneses, Lilia Vélez Iglesias, Carlos Padilla Ríos, Francisco Aceves, Roberto Alonso Muñoz, Alma Rosa Alva de la Selva, Alberto Aziz Nassif, Jorge Bravo, Delia Crovi Druetta, Javier Esteinou Madrid, Fátima Fernández Christlieb, Raúl Fuentes Navarro, Carola García Calderón, Néstor García Canclini, Susana González Reyna, Rafael Hernández García Cano, María Elena Hernández Ramírez, Gerson Hernández Mecalco, Julio Juárez Gámiz, Ma. Magdalena López Rocha, Felipe López Veneroni, Rafael Loyola Díaz, Elsie Mc Phail, Guillermo Orozco Gómez, Jerónimo Repoll, Enrique Sánchez Ruiz, Aimée Vega Montiel, Rosalía Winocur Iparraguirre.

Descargue aquí: Medios-Públicos-manifiesto-2014-IETD