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¿Qué pasa con la rebelión cuando ésta se enfrenta a la indiferencia generalizada? Lee aquí una reflexión en torno al más reciente comunicado del Subcomandante Marcos.

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A veinte años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, se hace requisito voltear la cara hacia el pasado y revisar qué ha sucedido en México y qué repercusiones se dieron sobre los temas que motivaron la guerrilla en 1994.

Optar por una rebelión armada, sin tener más recursos que el entrenamiento y la organización comunitaria, implica un desencanto avasallador que invoque a la resistencia como un recurso inevitable. Las condiciones de marginación y pobreza de los pueblos indígenas y de más de la mitad de la población mexicana, resultaron suficiente incentivo para los integrantes del EZLN. Así lo manifestaron aquel 1 de enero, en la Declaración de la Selva Lacandona. Revelaban su intención terminar con lo que llamaron “una dictadura de más de 70 años”. La suya no era una declaración cualquiera, se convocaba a la guerra como una “última medida justa” por satisfacer las necesidades básicas de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Ese mismo día entraba en vigor el anunciadísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte NAFTA, que, desde las voces del gobierno, prometía disparar el crecimiento económico para después impulsar el desarrollo. La inclusión de los marginados se esperaba como consecuencia implícita, aunque no inmediata, tras la aplicación de políticas que eliminaran cualquier rasgo proteccionista. Sin embargo, la devastación del campo en México se intensificó, mientras aumentó el desempleo y se conservó un nivel salarial tan bajo que incrementó la migración de miles de mexicanos en busca de trabajo y mejores condiciones de paga. Y es que, a pesar de que se impulsó el crecimiento de la industria automotriz, e independientemente de que creció la presencia de los bancos extranjeros y, con ello, se amplió el acceso al crédito, México es el único país en Latinoamérica en el que ha aumentado la pobreza.

De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en México, la pobreza estaba en 52.4% en 1994, bajó a 42.7% en el 2006 pero en el 2012, se elevó nuevamente a 51.3%. En contraste, en toda Latinoamérica la pobreza disminuyó de 48.4% en 1990 a 27.9% en el 2013.

Chiapas es uno de los estados del país con mayores niveles de pobreza extrema. Ahora, a dos décadas del levantamiento zapatista, las causas de la rebelión siguen vigentes. La estrategia gubernamental para conseguir el debilitamiento del impulso armado fue tan efectiva como la simulada atención a las demandas básicas contenidas en la Declaración de la Selva Lacandona y la infinita postergación de los Acuerdos de San Andrés. Así lo revelan los documentos secretos de la Secretaría de Gobernación, en los que se establecía la intención explícita de administrar el conflicto. Ello suponía no resolver las demandas de fondo e, incluso, calcular qué tan conveniente resultaba mantener la crisis latente, en miras a las elecciones de 1997.

El ímpetu de rebeldía quedó amortiguado. Durante estos años no ha existido algún movimiento equiparable con el EZLN. Se han visto intentos de manifestación masiva que crecen y decrecen, pero siempre contenidos. Es como si la rebeldía que se imaginaba líquida y virulenta, se hubiera encapsulado y controlado hasta impedir que se desparramara. El llamado del Subcomandante Marcos, para continuar con la rebeldía, no hace manifiesto si la convocatoria debería considerarse como una renovada invitación a la guerra. Evoca más una sacudida contra las conciencias dormidas que ignoran lo que desde ahí se grita. En su llamado muestra una pertinaz aspiración que parece desconocer la habilidad de las autoridades por disgregar y disolver cualquier ánimo colectivo de resistencia. Quizá porque en el fondo sabe que el alcance de su invitación está previamente abatido por la indiferencia no sólo de quienes gobiernan, sino de quienes somos gobernados

Twitter de la autora: @maiteazuela

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Pijama Surf al respecto.

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Sólo 1 de cada 60 abortos en México es legal, lo que pone en riesgo a las mujeres

Por: PijamaSurf Mexico - 01/02/2014

En México únicamente en su capital es legal el aborto, por ello, las mujeres del resto de la república realizan abortos clandestinos y muchas de ellas enfrentan cargos criminales por hacerlo; esto, aunado a la frágil situación legal en la que algunos panistas quieren ponerlas.

Muchas veces las creencias religiosas confunden las normas morales, incluso aunque en el fondo lo que se propicie no sea ético. Un ejemplo de esto es que la iglesia católica asesinara personas con argumentos moralistas, es decir, que pretendían justificar los asesinatos como buenos y necesarios ante los ojos de dios.

Algo así ocurre cuando los políticos intentan introducir sus moralismos particulares en las decisiones públicas, en lugar de hacerlo bajo criterios de valores más generales y genuinos, mismos que dan vida y se encuentran en los derechos humanos.

aborto 2Como ejemplo de ese fenómeno, el diputado panista por el Distrito Federal, Orlando Balderas, cree que la Ciudad de México está en peligro de convertirse un centro de turismo médico para el aborto, por lo que propone una ley que prohíba que aquellas mujeres mexicanas, no capitalinas, puedan realizarse este tipo de procesos.

Lo anterior resulta preocupante cuando algunas cifras revelan que sólo 1 de cada 60 abortos en México es legal, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); esto significa que, aunque en una ciudad del país es seguro realizarse un aborto, la mayoría se continúa realizando bajo condiciones peligrosas y clandestinas, arriesgando con ello la vida de las mujeres.

Además, según Regina Tamés, el número de denuncias que criminalizan a las mujeres que abortan pasó de 62 durante el periodo 1992-2007, a 679 entre 2009-2011. Es decir, las anteriores fueron mujeres que enfrentaron no sólo la difícil decisión de abortar, sino, además, los peligros de hacerlo bajo condiciones clandestinas y el hecho de vivir un proceso penal por denuncias, generalmente anónimas, de personas que absurdamente creen (por sus juicios de valor) que esa mujer merece un castigo.

Según GIRE, 151 mujeres en México fueron sometidas a un proceso penal por aborto desde 2007, con  más de 41 casos de prisión preventiva. Algunos de esos casos penales implicaron los de mujeres que sufrieron abortos espontáneos.

Los moralismos pues, continúan permeando las decisiones de los gobernantes, fenómeno que quizá nunca cesará. Pero permitir que por sus creencias los derechos ganados de las mujeres retrocedan después de tanto esfuerzo, es simplemente un absurdo.