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Ante el descontento de la población por la forma en la que se llevó a cabo la elección presidencial de este 1 de julio en México surge la idea de un movimiento de resistencia pacífica basado en la creatividad

La situación que vivimos en este 2012 es muy distinta a la de hace seis años, cuando el movimiento de Andrés Manuel López Obrador estaba solo frente a los órganos gubernamentales que perpetraron el fraude electoral. Sus actos en defensa del voto, pese a lo evidente del sufragio sucio y tendencioso, le costaron caro. La factura llegó años después, pero llegó. A sus adversarios les vino como anillo al dedo para enlodar aún más su ya muy pisoteada imagen pública, manipulada por los principales medios de comunicación del país. Es difícil prever lo que podría hacer en esta ocasión.

Hoy las cosas han cambiado. La marcha nacional convocada para este sábado siete de julio es completamente independiente de López Obrador y el movimiento que encabeza. En ningún momento la han apoyado. Su atención está en el recuento de votos y demás impugnaciones ante el IFE, y es probable que antes de hacer algún despliegue de fuerza popular agote las instancias legales. Eso tomará tiempo. Tal vez ni siquiera en esa última instancia vuelva a tomar las calles. En cambio quienes organizan movilizaciones en estos días son ciudadanos independientes sin nada qué perder desde el punto de vista del capital político. El movimiento #YoSoy132 tiene su agenda, que se ampliará conforme pasen los días. Anonymous también tiene preparadas una serie de acciones en contra de quienes intentan imponer al candidato del PRI. Pero la iniciativa de "Revolución pacífica" viene de un conglomerado de ciudadanos preocupados por el país sin lazos políticos directos, lo cual le da amplio margen para actuar. Tanto el #YoSoy132 como Anonymous se pueden sumar a estas iniciativas, pero la responsabilidad no recae directamente en ellos, sino en la masa de gente que se congregue este sábado, que con toda probabilidad continuará ejerciendo su derecho a expresarse libremente.

Sin compromisos políticos de ninguna índole, la idea de "Revolución pacífica" no parece tan descabellada, y puede funcionar. Para un movimiento o un partido político, tomar medidas drásticas en este sentido tendría un costo demasiado alto. Hay muchas cosas que de plano no podrían hacer. Por otra parte, para el movimiento cívico que estamos viendo nacer los límites son pocos, resumidos en el adjetivo que acompaña la palabra "revolución": pacífica. Mientras sus actos no se salgan del contorno que ellos mismos delimitaron pueden hacer lo que sea. La creatividad sería su mejor arma y dependería de la cantidad de gente que se sume. Mayores serían sus posibilidades de éxito mientras su número aumente. Las marchas serían solo un comienzo. La fuerza cívica tendría como objetivo poner al gobierno y al IFE en jaque sin caer en provocaciones violentas, lo cual implica, reitero, creatividad.

Si en verdad hay voluntad popular, ni el gobierno federal ni el IFE podrían impedir que se detenga esta burda imposición. Dejémoslo claro: esta elección es una infamia, y la posible presidencia de Enrique Peña Nieto sería una tragedia. El cúmulo de irregularidades previas al día de la elección son más que suficiente para impugnar la elección. La masiva compra de votos, de la cual hay miles de pruebas, y los pagos millonarios a la televisora con más audiencia del país fueron los dos factores que hicieron posible lo que sucedió el primero de julio, además de las miles de anomalías durante la jornada electoral. En cualquier país civilizado (perdonen, pero México no es uno de ellos) esta elección se habría impugnado hace tiempo con uno de dos desenlaces: la cancelación de la candidatura del abanderado priísta o la postergación de la elección. Mensajes a la nación que informaran las razones por las cuales se pospondría la elección le darían al electorado una visión más clara de lo que estaría en juego, y el órgano que regula los comicios tendría que observar a los partidos —sobre todo a uno— con mucho más cuidado. Eso no sucedió, y al parecer la intentona de poner a Peña Nieto desde arriba seguirá su curso si el pueblo no lo impide.

Lo que las eventuales acciones drásticas impulsadas por quienes abogan por una revolución pacífica deben buscar es que al menos se repita la elección presidencial, pues la compra de votos y el pago millonario a Televisa incumbe a ésta y no a las otras. Está claro que tendría un costo nacional considerable, tanto en recursos económicos como en gobernabilidad, pero es que no veo otra salida. En todo caso los costos serían menores al daño que sufriría el país de imponerse el candidato del PRI de la manera en que está ocurriendo. Si en una futura elección, esta vez más limpia y equitativa, gana, dicho movimiento popular se vería obligado a aceptar el resultado. Si fuera una elección imparcial no habría motivos para no aceptarlo.

Otra opción que proponen algunos es una segunda vuelta entre el primero y el segundo. En general, la idea de la segunda vuelta no es mala, sin embargo en este caso no sería justa para los otros dos candidatos y para quienes votaron por ellos. Si la elección es impugnada porque uno la compró, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri también fueron afectados.

La manera en que se tendría que conducir una posible segunda elección es compleja, e incluye los tiempos constitucionales para el cambio de poderes. Sería ideal llevarla a cabo antes para no aplazarlo, de lo contrario la disyuntiva legal recaería en la Suprema Corte de Justicia, que se vería obligada a conducir al país por ese lapso de tiempo. Es una cuestión técnica que el movimiento tendría que tomar en cuenta si llegara a crecer en esta dirección. Los detalles tendrían que ser afinados por abogados expertos en la materia.

Estas palabras tienen su fundamento en el artículo 39 constitucional: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno." Si el hartazgo popular llega al grado de lograr organizarse para detener un atropello como el que estamos viviendo, el pueblo está en todo su derecho de exigir elecciones justas y equitativas. Si esto llega a suceder, quedará claro que este país ya no aguanta más. Hace doscientos años se dio la Independencia, hace cien la Revolución. Es hora de una renovación nacional. La brecha entre ricos y pobres se ha extendido a niveles alarmantes, los estragos que ha causado la violencia de Estado en todo el país son imposibles de ignorar, el rezago en educación —parte del problema del fraude electoral— es ya intolerable. Décadas de mal gobierno han dado como resultado esta indignación colectiva. La manera tan burda en la que se comportó el PRI durante la elección es una burla al pueblo de México.

Vivimos días de emergencia. Este es un momento crítico, análogo al tiempo de la Guerra de Reforma en que Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, defendió la en ese entonces nueva Constitución de una manera inamovible en beneficio del pueblo hasta pasar por la cárcel. Al final los liberales se impusieron a los conservadores, y de esa victoria seguimos siendo herederos. Hoy hay tanta gente que clama justicia que es posible prescindir de la violencia si hay volumen, voluntad y creatividad en la fuerza popular que la demanda. El pueblo de México ha sangrado demasiado. 

Twitter del autor: @jpriveroll

* Este artículo refleja la opinión del autor y no necesariamente la postura de Pijama Surf

El sexenio de Felipe Calderón termina y, como siempre que finaliza un ciclo, cabe preguntarse por los cambios sucedidos a partir del inicio. ¿México es mejor o peor que hace seis años? Es difícil decirlo, pero, por lo pronto, parece que sí es más impune, menos justo y más desigual.

En pocas semanas Felipe Calderón dejará de ser presidente de México, terminando así un periodo que casi desde el inicio estuvo signado por la violencia, el terror, la muerte, el sufrimiento y otras realidades afines que siempre se superaron a sí mismas en la escala de lo cruento y lo doloroso: a los "ajustes de cuentas" se sucedieron las decapitaciones y las torturas, a estas las matanzas multitudinarias, las decenas de cuerpos arrojados primero en parajes más o menos deshabitados como La Marquesa y después en plenas ciudades como Boca del Río y algunas otras de la zona del Golfo de México, el descubrimiento de fosas clandestinas también atestadas de cadáveres anónimos (estas en Durango y Guerrero especialmente) o los atentados contra la población civil como el incendio del Casino Royale en Monterrey.

En cada uno de estos acontecimientos llegó a decirse que las cosas no podían ir más lejos y, sin embargo, cada uno estableció una nueva marca en esta frenética carrera del horror, puntos sin retorno insoslayables al momento de pensar retrospectivamente en lo que nos queda de esta administración encabezada por el panista.

La pregunta, por supuesto, no es sencilla y como tal no admite una sola respuesta. Puede decirse, quizá justificadamente, que en ciertos aspectos México no es peor que hace seis años. De entrada, a pesar de las muchas muertes, no nos encontramos sumidos en el caos y la desesperación. En todo caso la nuestra es una especie de “aura mediocridad”, una zona de confort y conformismo que explica en buena medida la pasividad mayoritaria con que se acepta la realidad de nuestro país que, en otras circunstancias sociales, se creería con elementos suficientes para desencadenar un cuestionamiento de amplio alcance hacia la manera en que han actuado gobernantes y autoridades.

A este contexto debemos, entre otras cosas, que al menos en un elemento muy específico México sí haya experimentado un retroceso: la percepción que se tiene sobre la impartición de justicia.  Mientras el territorio nacional se cubría de sangre y de luto, los escritorios de los ministerios públicos y las oficinas de investigación policíaca —tradicionalmente indolentes de por sí— se vieron sobrepasados, sepultándose expediente tras expediente en investigaciones que solo en una ínfima proporción se han resuelto con satisfacción. Actualmente solo 2 de cada 10 homicidas reciben sentencia condenatoria, según cifras del Poder Judicial Federal y de la Procuraduría General de la República.

Es comprensible, entonces, que ciertos individuos tengan la idea de que pueden delinquir sin temor a recibir el castigo legal correspondiente. Como ejemplos pueden recordarse los de Marisela Escobedo, asesinada a las puertas mismas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y el de Urbano Macías y José Guadalupe Jerónimo, comuneros de Cherán, asesinados y torturados apenas un par de semanas atrás, ambos altamente significativos por la voluntad de cambio y verdadera transformación que representaban. Sin embargo, quizá ninguno tan elocuente de esa idea de impunidad que intento definir que el de los hombres que después de robar y violar a un grupo de jóvenes que acampaban en un paraje rural cerca de la ciudad de México, en Ixtapaluca, continuaron con su vida como si nada, viviendo en su residencia habitual, sin intentar esconderse u ocultarse por un tiempo, seguros como estaban, según declararon algunos de ellos, de que "no los iban a agarrar".

Es posible, claro, que con cifras y estadísticas se rebata esta premisa. Sin embargo, al menos en lo que respecta a la percepción colectiva, a la idea más o menos vaga pero definitiva con que alguien piensa el funcionamiento del aparato de justicia mexicano y a partir de la cual decide cometer o no un crimen, el daño está hecho. Si alguna herencia deja Felipe Calderón, es un enorme daño a la credibilidad y la legitimidad de nuestras instituciones públicas de justicia.

Twitter del autor: @saturnesco