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Las elecciones presidenciales en México son inminentes: este 1 de julio de 2012 la ciudadanía se enfrenta a la posibilidad de que el "nuevo PRI" —el PRI de Tomás Yarrington, Mario Marín, Ulises Ruiz, Fidel Herrera o Humberto Moreira— regrese al poder, aunque con el precedente de la autoorganización establecido por el movimiento #Yosoy132.

Mucho se ha dicho en torno al proceso electoral en México, muchas discusiones, muchas posiciones encontradas. Todo esto con razón: México se encuentra en una encrucijada. Los resultados electorales del 1 de julio definirán de manera importante el futuro del país. En particular me refiero al posible retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder bajo un halo democrático. La pregunta que muchos nos hacemos es si la vuelta del PRI al poder significará una especie de restauración autoritaria. Yo no lo creo, pero sí creo en la posibilidad de la consolidación, como nunca, de un sistema capitalista profundamente corrupto, coptado por una élite corrompida por el dinero, falto de transparencia y rendición de cuentas, de procesos electorales dudosos. Un sistema con la capacidad política de capturar las instituciones y transformarlas para el beneficio de sus intereses. México se parecerá más a la Rusia bajo el mandato de Putin que a la Islandia que redacta una Constitución en “open source”. 

El número de ejemplos que muestra que en estos 12 años de oposición el PRI no se transformó, que sigue sin ver, sin escuchar, que no dialoga y que atemoriza, son “one too many”. Las amenazas que han recibo algunos de los muchachos de la Ibero que gritaron consignas contra Enrique Peña Nieto es preocupante, como lo es también la cantidad de periodistas asesinados en estados gobernados por el PRI, solo por nombrar algunos ejemplos.

Son innumerables los casos de corrupción y autoritarismo de miembros de este partido, todos tienen nombre y apellido, y para ello no es necesario remitirnos a la historia de los Arturo Durazo Moreno, Carlos Hank González o Gustavo Díaz Ordaz, son, por el contrario, bastante recientes: Tomás Yarrington, Mario Marín, Ulises Ruiz, Fidel Herrera o Humberto Moreira, solo por nombrar los que han salido a la luz (no me puedo llegar a imaginar las riquezas de sus operadores que viven en la oscuridad). En muchos casos la relación entre miembros del Revolucionario Institucional y el crimen organizado es, creo yo, un hecho. Hoy más que nunca se aplica la máxima de uno de los líderes históricos del PRI, Gonzalo N. Santos, asesino confeso que disfrutó siempre de su libertad:  “la moral es un árbol que da moras o vale para una chingada”.

Me temo que el regreso del PRI, y realmente espero estar equivocado, puede estar más cercano al “chavismo” que lo que muchos argumentan en contra de Andrés Manuel López Obrador. Una mayoría de la coalición PRI-PVEM en el Congreso, sumado al control de entre 20 y 22 de los 32 gobiernos estatales, sería francamente preocupante. Eso daría manga ancha a la construcción de un engranaje político y económico controlado por un partido profundamente corrupto bajo una política neoliberal. Similar al “chavismo” no por ser una autarquía populista, sino por lograr crear un aparato con la capacidad de ganar votos, que dizque juega a la competencia electoral pero que corrompe y amedrenta. Un andamiaje político que redefine las reglas para favorecerse, que tuerce las instituciones a su favor y que no rinde cuentas. Una especie de autoritarismo competitivo.

Todo indica que a pesar de que gran parte del electorado mexicano ve esta posibilidad con el regreso del PRI, existe, sin embargo, una alta probabilidad de que le otorgue su voto y con ello el triunfo. Sin duda el fracaso absoluto, torpe, soberbio, ineficaz de los gobiernos panistas en los últimos 12 años ha contribuido a fortalecer una especie de “Síndrome de Estocolmo” colectivo. Es decir, estar agradecidos a nuestro secuestrador por habernos “dado un cigarrito” durante nuestro cautiverio, esa simpatía por el asaltante que solo robó pero que no nos mató en el proceso. Será aceptar que “robarán” del erario público pero dejarán algo, “robarán” pero harán algo a cambio, serán eficientes y efectivos. El Estado capturado pero el Estado eficaz.  Son “ladrones” y “autoritarios”, pero podremos vivir tranquilos, esa es la premisa.

La aceptación de esta situación es la trágica rendición hacia lo inevitable, la tragicomedia mexicana o la cultura política de la que tanto habló Octavio Paz. La desesperanza nos oprime. Pero también es, en lo que corresponde a las élites en el poder, muestra de su más absoluto egoísmo, ese egoísmo que vaga libremente por sus mansiones. No importa lo que “los otros se roben” en tanto “yo” pueda hacer negocio. La aceptación de la corrupción se permea al resto de la sociedad —y por qué no, si todos lo hacen.

Los eventos en la Universidad Iberoamericana y el movimiento #yosoy132, sin embargo, han abierto una nueva posibilidad. Los jóvenes en consonancia con las redes sociales dijeron un “basta” y se organizaron. Tal vez muy tarde, eso no importa. Estoy seguro que ese movimiento no quedará ahí. El movimiento mostró que la organización ciudadana a través de Internet es posible y que tiene un efecto. El movimiento es importante no solo porque ha sido promotor de las causas anti PRI, sino porque independientemente de quién salga victorioso este 1 de julio, sembró la semilla de la posibilidad en la conciencia ciudadana.

En este momento es imposible saber quién ganará la Presidencia de la República. Sabemos que existen intentos de manipulación del voto, pero en la urna las cosas pueden tomar distintos caminos. Confío en el IFE en lo que respecta al proceso electoral que este, a través de los ciudadanos, controla, pero no confío en lo que ocurre en muchos lugares del país afuera de las casilla. Pero al final de cuentas el voto será secreto y muchas cosas podrán pasar ahí.

Si llega el PRI a la Presidencia, la organización ciudadana será fundamental como mecanismo para llamar a cuentas: transparencia, justicia, educación, pobreza, más y mejor democracia. Pero ocurrirá lo mismo si llega Andrés Manuel López Obrador. Exigir cuentas, demandar una política social de izquierda, respeto a la diversidad, crecimiento económico con responsabilidad, paz y, en muchas ocasiones, hacerle ver el sinsentido de su terquedad. De llegar Josefina Vázquez Mota, exigir rectificar el rumbo, dejar la soberbia a un lado y entender la necesidad de poner fin a una absurda estrategia de seguridad que se lleva al país y sus instituciones entre las patas, el fin de la pobreza, un alto a los monopolios públicos pero también privados, una reforma laboral, sí, pero justa. 

Al final de cuentas, hay mejores y peores escenarios en nuestro futuro próximo, pero hoy por hoy no sabemos cuál de ellos llegará, pero sabemos que hoy los ciudadanos comunes tenemos capacidad de organización. Por fin sabemos que no necesitas pertenecer a un partido o sindicato para organizarte, la ciudadanía sabe y puede organizarse por sí misma y podremos llamar a cuentas. Podemos ser un pesadilla si no se nos toma en cuenta. El 2 de julio comienzan tiempos de cambio y los jóvenes abrieron esa posibilidad. Llamemos a cuentas pase lo que pase, llegue quien llegue. 

Twitter del autor: @juanmortega

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Pijama Surf al respecto.

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El sexenio de Felipe Calderón termina y, como siempre que finaliza un ciclo, cabe preguntarse por los cambios sucedidos a partir del inicio. ¿México es mejor o peor que hace seis años? Es difícil decirlo, pero, por lo pronto, parece que sí es más impune, menos justo y más desigual.

En pocas semanas Felipe Calderón dejará de ser presidente de México, terminando así un periodo que casi desde el inicio estuvo signado por la violencia, el terror, la muerte, el sufrimiento y otras realidades afines que siempre se superaron a sí mismas en la escala de lo cruento y lo doloroso: a los "ajustes de cuentas" se sucedieron las decapitaciones y las torturas, a estas las matanzas multitudinarias, las decenas de cuerpos arrojados primero en parajes más o menos deshabitados como La Marquesa y después en plenas ciudades como Boca del Río y algunas otras de la zona del Golfo de México, el descubrimiento de fosas clandestinas también atestadas de cadáveres anónimos (estas en Durango y Guerrero especialmente) o los atentados contra la población civil como el incendio del Casino Royale en Monterrey.

En cada uno de estos acontecimientos llegó a decirse que las cosas no podían ir más lejos y, sin embargo, cada uno estableció una nueva marca en esta frenética carrera del horror, puntos sin retorno insoslayables al momento de pensar retrospectivamente en lo que nos queda de esta administración encabezada por el panista.

La pregunta, por supuesto, no es sencilla y como tal no admite una sola respuesta. Puede decirse, quizá justificadamente, que en ciertos aspectos México no es peor que hace seis años. De entrada, a pesar de las muchas muertes, no nos encontramos sumidos en el caos y la desesperación. En todo caso la nuestra es una especie de “aura mediocridad”, una zona de confort y conformismo que explica en buena medida la pasividad mayoritaria con que se acepta la realidad de nuestro país que, en otras circunstancias sociales, se creería con elementos suficientes para desencadenar un cuestionamiento de amplio alcance hacia la manera en que han actuado gobernantes y autoridades.

A este contexto debemos, entre otras cosas, que al menos en un elemento muy específico México sí haya experimentado un retroceso: la percepción que se tiene sobre la impartición de justicia.  Mientras el territorio nacional se cubría de sangre y de luto, los escritorios de los ministerios públicos y las oficinas de investigación policíaca —tradicionalmente indolentes de por sí— se vieron sobrepasados, sepultándose expediente tras expediente en investigaciones que solo en una ínfima proporción se han resuelto con satisfacción. Actualmente solo 2 de cada 10 homicidas reciben sentencia condenatoria, según cifras del Poder Judicial Federal y de la Procuraduría General de la República.

Es comprensible, entonces, que ciertos individuos tengan la idea de que pueden delinquir sin temor a recibir el castigo legal correspondiente. Como ejemplos pueden recordarse los de Marisela Escobedo, asesinada a las puertas mismas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y el de Urbano Macías y José Guadalupe Jerónimo, comuneros de Cherán, asesinados y torturados apenas un par de semanas atrás, ambos altamente significativos por la voluntad de cambio y verdadera transformación que representaban. Sin embargo, quizá ninguno tan elocuente de esa idea de impunidad que intento definir que el de los hombres que después de robar y violar a un grupo de jóvenes que acampaban en un paraje rural cerca de la ciudad de México, en Ixtapaluca, continuaron con su vida como si nada, viviendo en su residencia habitual, sin intentar esconderse u ocultarse por un tiempo, seguros como estaban, según declararon algunos de ellos, de que "no los iban a agarrar".

Es posible, claro, que con cifras y estadísticas se rebata esta premisa. Sin embargo, al menos en lo que respecta a la percepción colectiva, a la idea más o menos vaga pero definitiva con que alguien piensa el funcionamiento del aparato de justicia mexicano y a partir de la cual decide cometer o no un crimen, el daño está hecho. Si alguna herencia deja Felipe Calderón, es un enorme daño a la credibilidad y la legitimidad de nuestras instituciones públicas de justicia.

Twitter del autor: @saturnesco