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Luis Carlos Martínez recomienda brebajes tranquilizantes a Felipe Calderón ante los malos resultados electorales de su partido y su nefanda estrategia contra el narco y sus intentos por pactar una salida decorosa negociando la sucesión presidencial.

Está desesperado Felipe Calderón, supuesto presidente de México. En las últimas entrevistas concedidas a la prensa, a la radio, a las televisoras, no puede ocultar su preocupación por la crítica situación del PAN, ¿su partido?

Los malísimos resultados electorales del PAN, cuando incursiona solo en las elecciones, al margen de las “alianzas”, como en la pasada elección en el Estado de México, donde no rebasaron el 12 por ciento de los votos totales, son una prueba inocultable del rechazo de la ciudadanía a su propuesta. No se necesita ser un genio para entender, para comprender, para constatar del fracaso de la administración panista que encabeza Felipe Calderón.

En el estudio de la conducta de los políticos en el poder, los psicoanalistas develan  que la manía a justificar la derrota, es una monotemática neurótica a su fracaso en el poder. Es la proyección de su examen de conciencia por el cuestionado triunfo de las fraudulentas elecciones del 2006 y Calderón acaba de responder que él no está con ninguno de los enanos (por aquello de Moreira dixit), que el PAN es un partido de ciudadanos, porque según él, nadie es dueño del partido.

Habrá que recordarle a FECAL la historia del PAN, ¿ya se le olvidó?

El PAN se creó para oponerse a la nacionalización del petróleo que decretó el gobierno del General Lázaro Cárdenas, a la educación socialista, a la reforma agraria.

Nada es más falso que el PAN sea un partido de ciudadanos, sus afiliados en todo el país, con más de cien millones de habitantes, no rebasa el millón de habitantes, e decir, no llega al uno por ciento de la población.  El PAN es un partido de conservadores reaccionarios de las clases medias católicas.

¡Por favor! ¿A quién quiere engañar? Lo que busca Calderón es negociar una salida a su desastrosa administración como presidente de este triste país.

La candidatura de Cordero es un bluff,  el primer nerd del gabinete, que es el consentido de Calderón, es un bluff, para negociar con el grupo que tomará el poder, encabezado por Salinas de Gortari, coordinador político de la oligarquía y su candidato de trapo con copete de gel.

Felipe Calderón sabe que su futuro político y jurídico depende de la negociación que pueda convenir con Salinas y los oligarcas que mal explotan a los trabajadores mexicanos. Salinas, una vez más el próximo mandamás del bloque en el poder, es la pieza clave para negociar con su nuevo muñequito que encumbrará la telecracia en el poder.

Lo que pretende Calderón es armar una candidatura dizque “ciudadana” para obtener la exculpación como responsable de 50 mil muertos con el gobierno príista de Peña Nieto. Hasta Vicente Fox, lenguaraz incontrolable, ya sentenció la derrota del PAN y el triunfo de una “nueva generación de demócratas” encarnada en Peña Nieto.

Lo que ha estado demostrando Calderón en sus farsas de entrevistas, es que es un político mañoso, maniobrero y carente de un mínimo de ética política. Calderón está moviendo sus piezas para salvar el pellejo. Aun así, es inocultable, está muy nervioso y es peligroso.

 

 

La posibilidad de que Felipe Calderón sea llevado a juicio ante la Corte Penal Internacional, aunque improbable, permite preguntarnos por el grado de responsabilidad que su gobierno tiene en la situación actual de violencia en México.

Solo hasta la semana pasada supe que ha circulado, al menos desde hace casi cuatro meses, una petición para que Felipe Calderón responda ante un tribunal por las pavorosas consecuencias que su “lucha contra el crimen organizado”, esta “guerra estúpida” como otros la han llamado, ha tenido entre diversos sectores de la población en todo el país, sobre todo los vulnerables e inocentes como los jóvenes y los niños, deteriorando de pasada el respeto a los derechos humanos más elementales que todos deberíamos tener garantizados.

La propuesta es atractiva y quizá hasta sensacionalista, pero no descabellada. Y, por cierto, no está centrada únicamente en el presidente mexicano, también toma en cuenta a otras autoridades del gobierno federal, del ejército y la marina, además de miembros de los cárteles, quienes de una u otra forma han contribuido, todos, a generar o fomentar la violencia y las prácticas ilegales e inhumanas que se han vuelto cosa de todos los días en el territorio nacional.

Pero más allá del destino jurídico e histórico de esta hipotética posibilidad, de sentar a Calderón y otros ante la Corte Penal Internacional, el asunto nos invita a pensar un poco en torno a la responsabilidad que tienen las autoridades de la situación en que se encuentra el país. No son pocas las personas que se creen a pie juntillas esa cantaleta de que este presidente ha sido el único que se atrevió (sic) a enfrentar a los criminales, el único que "se fajó los pantalones” y plantó cara a la delincuencia. Esta consigna es propaganda pura y como tal no debiera atribuírsele mayor valor, pero, como digo, hay quienes la consideran cierta e incluso la adoptan como bandera propia en defensa del presidente, en buena medida porque se le difunde desde el gobierno mismo, al parecer porque Calderón, ahíto de amor propio o megalomanía, también cree con fe ciega en su cruzada y su heroísmo —a pesar de los resultados.

La idea es desmesurada, delirante acaso, pero aun así es posible concederle, así sea con fines discursivos, una poca de razón. Aceptemos de momento que el gobierno está obligado a enfrentar el delito; que, en la perspectiva más elemental de la teoría política, para eso se fundó al Estado y para eso la mayoría de la población entregó a una minoría la facultad de gobernar. Aceptemos también que este gobierno, el de Calderón, no rehuyó dicha obligación. ¿Eso lo exime de responder por sus actos? Parece que Calderón piensa que sí. Que oponer a la negociación o la omisión el enfrentamiento directo y brutal es meritorio per se. Como si renunciar a la vía de sus antecesores bastara para que su supuesta estrategia se volviera no solo efectiva, sino loable.

Nada más falso. Aunque Calderón se arrogue el dudoso honor de “no negociar con delincuentes”, no por eso queda a salvo de responder por el resto de sus actos. Si asumió la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos pero con una estrategia equivocada, debe también asumir las consecuencias de dicho equívoco y resarcir a los afectados por seis años de violencia, seis años de terror, seis años de millones y millones de pesos tirados al bote de la basura de los policías y el armamento y el ejército y todos esos rubros que en nada favorecen al desarrollo de México.

Difícilmente Felipe Calderón —o García Luna o el gobernador de Nuevo León o el alcalde de Monterrey o, para ponerlos a todos en un mismo costal, el Chapo— serán llevados a juicio. Ni siquiera renunciará ninguno de ellos a sus respectivos cargos, porque eso significaría reconocer su responsabilidad —evidente o mínima— en la situación actual del país.

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